En la Cámara de los Diputados, la Comisión Parlamentaria de Justicia y Derechos Humanos prosigue con el análisis del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para establecer las normas éticas y de conducta que deben observar las personalidades que ostentan cargos públicos en la República Guinea Ecuatorial, una iniciativa legislativa que surge de la necesidad de desarrollar una ética pública al servicio de la ciudadanía, y por la obligatoriedad de transponer en el derecho interno ecuatoguineano la directiva de la CEMAC sobre la transparencia y buen gobierno en la gestión de las finanzas públicas.

En la jornada de este miércoles, la comisión parlamentaria ha adoptado la exposición de motivos, después de su reformulación y ha adoptado los artículos que determinan los valores que deberán encarnar la actuación de los que ostentan cargos públicos en nuestro país, así como los principios éticos, a través de los cuales deberán vertebrar sus comportamientos, en lo que se refiere al comportamiento individual, la calidad institucional, la honradez, así como el respeto y buen trato a los ciudadanos, evitando cualquier forma de discriminación, por razón de género, raza, religión o creencia ideológica.

También han sido adoptados los artículos que determinan las conductas y comportamientos que deberán tener esas personalidades relativos a la integridad, imparcialidad y objetividad, la excelencia, el alineamiento entre política y gestión, el liderazgo, la innovación, la honestidad para evitar conflictos de intereses y los comportamientos relativos a regalos y posibles beneficios, el respeto institucional y personal, así como los artículos que determinan los comportamiento relativos al acoso sexual.

El proyecto de ley establece que las personalidades que ostentan cargos públicos en el país, deberán ejercer sus funciones con dedicación al servicio público, actuar siempre acorde a los principios de imparcialidad y objetividad, ajustar sus actuaciones a comportamientos de excelencia, contribuir al respeto del prestigio, la imagen y la dignidad de su institución, no aceptar para sí regalos que superen los usos habituales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas, deberán velar por la eficacia y eficiencia de los recursos públicos e impulsar una cultura que estimule la creatividad y la innovación.

Esas personalidades deberán responder por su gestión y por las decisiones, acciones u omisiones propias de su ámbito de competencia y de sus propias funciones, deberán justificar en sus resoluciones las decisiones que adopten, velar para que sus decisiones beneficien el interés púbico y no a sus familiares, amistades y conocidos, abogaran por la implantación de la transparencia en sus respectivas entidades o departamentos, deberán velar por un correcto alineamiento entre política y gestión en sus respectivos departamentos, unidades o entidades, deberán trabajar leal y profesionalmente en el desarrollo efectivo del proyecto del Gobierno y en el cumplimiento de su programa o plan de mandato, al margen de la adscripción ideológica que cada uno pudiera tener, no podrán utilizar su posición institucional o las prerrogativas derivadas de su cargo para obtener ventajas para sí mismo o procurar ventajas y desventajas para cualquier persona o entidad, deberán abstenerse de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la administración ponga a su disposición por razones de cargo y deberán evitar cualquier acción u omisión que perjudique el prestigio, la dignidad y la imagen institucional del Estado.

También deberán respetar la dignidad de la persona, tratar a las personas con cortesía, evitar incurrir en prácticas o comentarios discriminatorios, promover la igualdad de género, deberán atender a todos los ciudadanos, escuchando activamente sus propuestas, deberán considerar todas las sugerencias, quejas o interpelaciones que sean fundadas y escuchar activamente a las partes implicadas en cualquier problema o cuestión que sea de su competencia.

En caso de ser aprobado ese proyecto de ley, toda personalidad que ostente cargo público en nuestro país asumirá el compromiso de presentar su dimisión, dirigida al órgano competente, en caso de que el incumplimiento de las conductas establecidas suponga el cese y se prevé la creación de una comisión de ética pública, adscrita a la Jefatura del Estado, que se encargara de prevenir, detectar, descubrir e investigar, de oficio o a instancia de parte de los ciudadanos, las conductas o los comportamientos prohibidos a esas personalidades.

Los diputados felicitan al Gobierno por esa iniciativa legislativa y todas las dudas que surgen durante las deliberaciones, están siendo aclaradas por la delegación del Gobierno que encabeza el Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Sergio Esono Abeso Tomo, en unas sesiones que se desarrollan bajo la moderación del Presidente de la institución, Gaudencio Mohaba Messu.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados Envío: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPEPWIG)Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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