La Comisión Permanente de Infraestructuras, Transportes, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Senado ha agotado este jueves el análisis del articulado del Proyecto de Ley sobre la Regulación del Uso de las Redes Sociales y la Represión de los Delitos Informáticos y la Ciberdelincuencia en Guinea Ecuatorial tras varias jornadas de intenso trabajo.

Los debates se han desarrollado bajo la moderación del presidente de la comisión permanente, Demetrio Elo Ndong Nsefumu.

Los debates de esta jornada se han centrado en el estudio y análisis de los artículos comprendidos  entre el 50 y el 65, recogidos en el capítulo dos del proyecto de ley, los cuales tratan sobre los ciberdelitos relacionados con la suplantación, y utilización ilícita de datos.  

El artículo 55, que hace referencia al acoso sexual a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, señala que cuando una persona mayor de edad, envíe mensajes, frases, fotografías, videos u otra acción de naturaleza o contenido sexual a otra persona sin su consentimiento, se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y multas de entre dos a veinticinco millones, y en caso de que la víctima sea menor de 16 años o persona con discapacidad necesitada de especial atención, con o sin su consentimiento, las penas podrían ser de cuatro a seis años y multas de entre cinco y cincuenta millones.

Mientras que en el artículo cincuenta y seis, relativo a las circunstancias agravantes comunes, señala que estos delitos serán sancionados con la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte del máximo establecido de la pena y la inhabilitación del ejercicio de su profesión mientras dure la pena, si estos delitos fueran cometidos por, entre otros, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y cónyuges, autoridad, funcionarios, la persona encargada de la tutela y protección de la víctima, toda persona que utilice su posición de superioridad por relaciones de confianza, educativa o de trabajo.

Una vez concluido el estudio del articulado del proyecto de ley, en los debates posteriores los integrantes de la comisión, aunque reconocen la importancia y la necesidad de que se regulen el uso de las redes sociales y se estipulen las correspondientes medidas de represión contra los infractores, juzguen necesario definir y contextualizar varios de los términos recogidos en el documento objeto de estudio, como es el caso de acoso sexual, para adaptarlos y ajustarlos a nivel de la realidad sociopolítica e idiosincrasia de nuestro país para que su aplicación sea más efectiva y equilibrada.

Las enmiendas, sugerencias y preguntas resultantes del estudio en segunda lectura del proyecto de ley sobre la regulación del uso de las redes sociales y la represión de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia, serán planteadas al ministerio tutor cuando comparezca ante la Comisión Permanente de Infraestructuras.

Texto y fotos: Gabinete de Prensa del Senado

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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